Dado que la educación es un bien esencialmente público, revisar su política de financiamiento tras veinte años de aplicación de un modelo de subsidio a la demanda es importante por el impacto sobre el capital humano, económico y cultural que ésta genera. El modelo de financiamiento a la oferta fue sustituido desde 1981 por uno impuesto sin participación de los actores y sin un diagnóstico que diera cuenta de su fracaso. Su implantación en el país generó el trasvasije de la matrícula desde establecimientos fiscales hacia particulares subvencionados. Los resultados logrados indican que aumentó la inequidad y que los niveles de calidad se explican más por el monto de la inversión total que hay tras cada alumno que por la propiedad o eficiencia en la gestión de los privados. Por ende, para reducir la brecha de la calidad de la educación debe cambiarse la forma de financiarla. Tras revisar fortalezas y debilidades de los modelos mencionados, se sugieren cambios significativos al esquema vigente incorporando antecedentes socioeconómicos y otros relacionados con la operación del sistema para reducir la inequidad.