Los encargados de políticas públicas buscan, cada vez con más frecuencia, utilizar los resultados de las evaluaciones educativas como fuente de información para retroalimentar y sustentar las decisiones que toman. En respuesta, las unidades de evaluación deben emplear métodos y procedimientos que les permitan proveer el tipo de información y conclusiones que contribuyan a tomar decisiones de política educativa. Estos métodos también tendrán que asegurar la validez de las evaluaciones. La evaluación educativa presenta un gran reto para países heterogéneos como Guatemala, que además experimentan con políticas dedicadas a la equidad. Es necesario que la evaluación se encuentre libre de sesgos causados por factores indeseados y que refleje con exactitud las áreas curriculares evaluadas. Las perspectivas actuales sobre validez sugieren contar con un plan de interpretación de resultados. Los actores clave locales (en especial padres, madres y docentes) y los administradores de política pública interpretarán los resultados de la evaluación de acuerdo con sus experiencias y formación. Sugerimos en este artículo que es necesario alinear las posturas que guían la política educativa con las acciones locales y con la validación de los instrumentos. También proponemos que la información que fundamenta esta perspectiva común debe ser diseminada en un formato accesible a todos los interesados.